Especialistas en el sector eléctrico señalaron a Infobae México los riesgos y controversias que se generarían de aceptar la iniciativa de AMLO frente a los compromisos del T-MEC
Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México, se han impulsado una serie de cambios en la política energética nacional. El más reciente corresponde a una iniciativa preferente enviada al Congreso el pasado 1 de febrero, cuyo objetivo es reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa productiva del estado, por encima de energías limpias y empresas privadas.
Expertos en el sector han alertado sobre los riesgos que conlleva la iniciativa. Aseguran que ésta podría marcar un punto de quiebre entre México y sus socios comerciales delTratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que se violarían los compromisos plasmados principalmente en los capítulos 14, 21, 22 y 28, sobre inversión, competencia, empresas propiedad del estado, medio ambiente y buenas prácticas regulatorias del acuerdo.
“No es posible evadir el T-MEC. En el momento en el que las empresas que están invirtiendo en México sientan que se están dando condiciones no competitivas y que les están cambiando las reglas con las que invirtieron, van a poder ampararse y ahí el Estado mexicano tiene todas las de perder”, estimó Víctor Ramírez, Vocero de la Plataforma México, Clima y Energía.
Además de Estados Unidos y Canadá, con la iniciativa preferente, también “estaríamos violando todos los acuerdos comerciales que tenemos sobre inversión no sólo entre México, también entre países de Europa y del pacífico. La verdad es echarnos un pleito con todo mundo y no lo necesitamos”, advirtió el especialista en el sector energético
Por su parte, Daniela Pontes, especialista en regulación de la industria eléctrica, pronosticó un panorama nada alentador, pues “el gobierno se expondrá a un escenario de disputas legales de carácter internacional, donde las partes afectadas harán uso de los instrumentos de defensa dispuestos en el T-MEC, de ese modo, una empresa podría demandar al Estado mexicano y el conflicto se resolvería en un tribunal especializado internacional”.
Las controversias a las que ambos especialistas se refieren no serán expresadas de inmediato por las partes afectadas, pues habrá todo un proceso antes de externar la primera objeción contra México; sin embargo éstas involucran la mediación, amparos o arbitrajes.
Si Estados Unidos o Canadá prevén que México está violando los compromisos del tratado, “en primera instancia, agotarán el canal de cooperación y coordinación entre las partes previo a su aprobación, mediante la exposición de preocupaciones o consultas, incluso con posibles investigaciones por las presuntas violaciones a los ordenamientos jurídicos”, señaló Pontes refiriéndose al capítulo 31 del T-MEC, sobre la resolución de controversias.
Si el país que se siente afectado no queda convencido con el proceso de consultas mencionado anteriormente y así lo considera, ya podrá interponer un procedimiento de resolución de controversias, es decir, un panel de arbitraje con tiempos establecidos de respuesta.
En este caso se podrían establecerán aranceles hacia bienes y servicios que no sean producidos con energía proveniente de plantas limpias, además de que el gobierno mexicano tendría que erogar una cantidad multimillonaria por las indemnizaciones y compensaciones a las empresas que ya habían invertido en territorio nacional.
“Controversias que ya no serían Estado-Estado, sino empresa-Estado en las cuales la empresa diga ‘estas afectando mis intereses y me retiro, pero me tienes que indemnizar por lo que estoy haciendo’ y aguas aquí porque no se indemniza sobre la inversión hecha, sino sobre los ingresos desterrados, es decir, no sólo se tiene que pagar a la compañía por la inversión que hizo al construir una planta, sino por los ingresos que esperaba obtener”, aclaró Ramírez.
La mañana del pasado 9 de febrero, López Obrador fue cuestionado al respecto, a lo que respondió que en caso de ir a tribunales, defenderán la industria eléctrica nacional, pues rechazó cambiarle una sola coma al proyecto y aseguró que no afecta acuerdos internacionales como el firmado con Estados Unidos y Canadá.
“(Que las empresas se amparen), están en su derecho, y nosotros vamos a hacer lo propio, pero tenemos que defender la industria eléctrica nacional, como vamos a defender el petróleo”, dijo.
Hasta el momento, los gobiernos extranjeros no han tomado acciones drásticas como consecuencia de los cambios en la política energética nacional, pese a las cartas y críticas remitidas al gobierno mexicano desde hace dos años.
Cabe recordar que en una carta fechada el 11 de enero del 2021, los secretarios salientes de Estado, energía y comercio estadounidenses bajo la administración de Donald Trump, expresaron su preocupación por las acciones regulatorias en materia energética nacional que podrían no estar acordes a lo establecido en el T-MEC. Sin embargo, a la fecha, AMLO no ha recibido ninguna otra manifestación en contra por parte del nuevo gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
De acuerdo con Pontes, la iniciativa preferente de López Obrador, además de “obstaculizar la transición energética y el desarrollo sostenible, alejará aún más la inversión en ésta y otras industrias del país”, pero si se rechaza, según Ramírez, “por lo menos empiezas a hablar de que hay el interés de dialogar y no afectar. Los países van a empezar a ver que se va a restringir la inversión, eso es un hecho porque no hay confianza en México, pero por lo menos no tendrías los problemas que sí vas a tener si esta iniciativa se aprueba y se mantiene”.
Hay que destacar que al ser una propuesta preferente, los diputados deberán tramitar la iniciativa en un plazo máximo de 31 días naturales. Si al término de este plazo no se hubiera discutido ni votado, entonces deberá ser el primer asunto en abordarse en la siguiente sesión del Pleno. De ser aprobada, será turnada al Senado, que deberá procesarla en otros 31 días.