La Primera Sala de la SCJN resolvió tres amparos relacionados con el incendio de la Guardería ABC, con lo que el número de responsables pasó de 19 a 22 y se ordenó fijar nuevas penas de prisión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este miércoles, en definitiva, la responsabilidad por el delito de negligencia de 22 funcionarios, por la muerte de 49 niños y lesiones de otros 38 en la Guardería ABC.

La Primera Sala de la SCJN ordenó a un tribunal unitario de Sonora que se fijen nuevas penas de prisión por el caso, y que estas sean superiores a los cuatro años de cárcel.

Por unanimidad, la Corte avaló tres proyectos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien propuso otorgar un amparo a dos quejosos, así como a padres de las víctimas, con lo que el número de personas responsables pasó de 19 a 22.

Esta decisión confirma que una cadena de negligencias provocada por los acusados, entre personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los gobiernos estatal y municipal, y los dueños de la guardería provocaron el incendio.

Además, se amparó a Antonio Salido Suárez, secretario del Consejo de Administración de la guardería, y a Martín Lugo Portillo, exdirector de Bomberos de Hermosillo, quienes habían sido condenados a 28 años y 11 meses de prisión.

La Suprema Corte determinó que sus penas se reducirán porque no se realizó la correcta aplicación del artículo 64 del Código Penal Federal.

En 2016 un juez penal dictó sentencias condenatorias contra 19 personas -entre exfuncionarios del IMSS y particulares- por homicidio y lesiones intencionales, e impuso penas de prisión que fueron de los 14 hasta los 30 años de prisión.

Un año más tarde, las sentencias fueron ratificadas por el Tercer Tribunal Unitario de Sonora, pero los implicados no fueron detenidos ni encarcelados debido a que promovieron diversos juicios de amparo alegando que la sentencia impuesta fue excesiva.

En agosto de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso. Esto significa que analizará a fondo los hechos “para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano”.

Las familias de las víctimas presentaron el caso ante la CIDH en octubre de 2014. Once años después de los hechos, la Comisión encontró que “el Estado mexicano no ha esclarecido si el incendio fue causado de forma dolosa o producto de una falla técnica, ni ha establecido la responsabilidad de todos los implicados”.