La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió dos medidas cautelares en contra del presidente López Obrador y Morena para que retiren la propaganda gubernamental difundida desde la semana pasada en internet en un plazo máximo de tres horas.
Las medidas se derivaron de la denuncia del PAN y de Jorge Álvarez Máynez en las que señalaron tanto al mandatario como a su partido de publicar contenido favorecedor a través de sus redes sociales y su página web.
Las publicaciones sobre “la reunión sostenida el 12 de febrero del año en curso con autoridades del pueblo Seri, en Hermosillo, Sonora, así como el acto de supervisión del estadio “Tomás Oroz Gaytán”, un día después, realizada en Cajeme, Sonora” representan para el PAN, “logros, acciones y programas de gobierno considerados como propaganda gubernamental en periodo prohibido en el contexto de la revocación de mandato”, señaló la comisión en un comunicado.
El organismo refrendó los señalamientos del partido blanquiazul e instó al presidente a realizar las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar dicho contenido de cualquier plataforma electrónica bajo su dominio en un lapso máximo de tres horas. Asimismo, ratificó la denuncia de Jorge Álvarez Máynez en contra del Grupo Parlamentario del partido Morena en el Senado por difundir un mensaje en respaldo al presidente y a la reforma eléctrica el pasado 15 de febrero a través de su cuenta oficial de Twitter.
La violación de las reglas establecidas durante el periodo de prohibición los hizo acreedores a la misma sanción que el tabasqueño, pero sin tutela preventiva.
INE dicta tutela preventiva a AMLO
La Comisión también declaró procedente la tutela preventiva en contra de López Obrador por las múltiples ocasiones en las que no ha cumplido con las normas establecidas durante la veda electoral y advirtió que existe un riesgo de que incurra nuevamente en actos prohibidos.
Durante el periodo que comprende desde el 4 de febrero hasta el 10 de abril, el organismo “determinó ordenar al presidente de la República que se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial, de realizar o emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos relacionados con logros y actividades de gobierno del propio titular del Poder Ejecutivo”. Además, este “deberá revisar, ajustar, adecuar, modificar o actualizar sus estrategias, programas o políticas públicas para que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales, sin interferir en este proceso de participación ciudadana”, expuso.