Canadá y Estados Unidos han cerrado este viernes un acuerdo migratorio que resuelve uno de los últimos asuntos pendientes entre los dos vecinos y socios. El pacto, anunciado tras la reunión en Ottawa entre el presidente de EE UU, Joe Biden, y el primer ministro anfitrión, Justin Trudeau, restringirá las entradas de solicitantes de asilo que llegaban cada vez en mayor número a Canadá por la llamada “ruta migratoria norte”, pero también pondrá en marcha un programa de acogida a refugiados en ese país con el que ambos gobiernos esperan que se permita aliviar la presión migratoria en la frontera sur de Estados Unidos.

El acuerdo entrará en vigor de inmediato. Canadá comenzará la expulsión de estos migrantes, muchos de ellos procedentes de países de América Latina, esta misma noche, según ha anunciado Trudeau durante una rueda de prensa junto a su invitado estadounidense.

Hasta ahora, Canadá podía rechazar a los inmigrantes irregulares que entraban en su territorio por los pasos fronterizos oficiales en su línea divisoria con Estados Unidos. Pero el acceso por otros puntos “irregulares” de ingreso no estaba incluido en los protocolos entre los dos países. Un vacío legal que había creado la llamada “ruta migratoria norte”: tras su entrada en EE UU por la frontera sur, grupos de migrantes principalmente de Colombia, Chile, Haití, México, Pakistán, Turquía y Venezuela, viajaban hasta Nueva York. De ahí se dirigían al norte de ese estado y entraban en Canadá a través del paso de Roxham Road. En ese punto fronterizo informal los migrantes pueden pedir asilo a Canadá, aunque esperen en territorio estadounidense.

En 2022, cerca de 40.000 solicitantes de asilo accedieron a ese país de manera irregular, la mayoría de ellos a través del paso de Roxham Road. Ello representa el 60% del total de las peticiones registradas en Canadá a lo largo del año. Otros 9.500 llegaron a Canadá entre enero y febrero de este año, según la cadena de televisión canadiense CBC, algo que ha desencadenado los llamamientos de partidos de la oposición y del gobierno de Quebec a cerrar ese paso extraoficial.

Ottawa y Washington “se disponen a aplicar un acuerdo que ampliará los términos” del acuerdo previo “a los solicitantes de asilo que crucen las fronteras (en los pasos informales) entre los puestos fronterizos, lo que anticipamos que detendrá la migración irregular en nuestra frontera compartida. Nos coordinaremos de cerca mientras trabajamos para poner en marcha este nuevo acuerdo”, indica el comunicado conjunto distribuido por Estados Unidos y Canadá tras la reunión de sus líderes.

Al mismo tiempo, “Canadá acogerá anualmente a 15.000 migrantes adicionales del hemisferio occidental por razones humanitarias para seguir expandiendo las vías seguras y oficiales, con un camino abierto a las oportunidades económicas, ofrecidas en el continente como alternativa a la migración irregular”, agrega el comunicado conjunto.

Estados Unidos espera que el pacto sirva para reducir la presión en su frontera sur, donde los migrantes que cruzaron la frontera huyendo de la pobreza y la violencia en sus países de origen rondaron los tres millones de personas el año pasado.

A comienzos de enero, Biden incluyó a los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela entre las nacionalidades que las fuerzas de seguridad estadounidenses pueden expulsar a México si cruzan la frontera sur de manera irregular, en aplicación del llamado título 42. Esa medida, que expirará a comienzos de mayo, fue puesta en marcha por la Administración del entonces presidente Donald Trump durante la pandemia y recurre a razones sanitarias para justificar las devoluciones.

Para entonces, el Gobierno estadounidense planea sustituir esa medida con una norma que impedirá solicitar asilo a la mayor parte de los migrantes de nacionalidad no mexicana que crucen esa frontera de manera ilegal, un paso que han criticado las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Ese endurecimiento se combina con otros esfuerzos para facilitar la entrada de manera legal, entre ellos un programa de patrocinio puesto en marcha el año pasado y que permite la llegada a Estados Unidos de hasta 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La Administración Biden atribuye a esa política la reducción en el número de inmigrantes irregulares detectados en la frontera sur en los últimos meses. En enero, esa cifra fue de 130.000 personas, mientras que en noviembre había llegado a los 207.000.