La Fiscalía española acusa a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales.

Así lo sostiene el ministerio público español en la querella que presentó hace 3 meses contra la artista -ya notificada a su domicilio en Miami-, lo que dio pie a que un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) abra una segunda causa contra ella, por dos delitos contra la Hacienda Pública.

Shakira será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en otra causa que también se inició por una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de esa ciudad española.

En esta ocasión, el ministerio público plantea en su querella que la artista colombiana pueda declarar como investigada por videoconferencia desde su domicilio en Estados Unidos, adonde se trasladó desde Barcelona tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.

En concreto, la querella sostiene que la cantante defraudó a la Agencia Tributaria española 5,3 millones del impuesto de la renta sobre personas físicas (IRPF), correspondientes a los ingresos que percibió por su gira de 2018 «El Dorado» y por la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773.600 euros en el impuesto de patrimonio por los 12 millones que posee en inmuebles y activos financieros.

Para defraudar al fisco, sostiene la Fiscalía, la querellada se sirvió de un entramado societario y presentó «declaraciones inveraces» del IRPF, en las que omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir la cuota a pagar a Hacienda.

Según la denuncia, Shakira cobró parte de los ingresos que percibía por la cesión de sus derechos musicales a través de una sociedad constituida en Luxemburgo con la que firmó varios «contratos simulados», de forma que se benefició de una tributación «muy reducida» que en el ejercicio de 2018 se situó en el 1,39 %.

Esa firma luxemburguesa, en opinión de la Fiscalía, «era meramente una sociedad interpuesta a los únicos efectos fiscales» que no llegó a desempeñar actividad alguna, más allá de una «intervención meramente formal y administrativa».

También refiere la querella que Shakira utilizó otra sociedad instrumental, constituida en España en 2017, para «contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes» a su gira «El Dorado» -que incluyó 53 conciertos en 22 países-, pese a que la firma carecía igualmente de actividad real.

La denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos menciona otras 17 sociedades «instrumentales» con sede en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Liechtenstein que la investigada utilizó supuestamente para gestionar los ingresos procedentes de su carrera musical, así como el mantenimiento de su patrimonio inmobiliario y financiero.

Además, el ministerio público considera que Shakira se dedujo siete millones de más en los gastos de sus sociedades, en algunos casos porque fueron contabilizados por duplicado y en otros porque se trataba de pagos de carácter «eminentemente personal».

Entre esos gastos personales que la Fiscalía considera no deducibles figuran viajes particulares en jet privado -150.483 euros -, así como billetes de avión para sus dos hijos y su educadora.

Shakira está pendiente de juicio por otra querella por fraude fiscal que el ministerio público presentó contra ella, precisamente en el año 2018, una causa que siguió adelante pese a que la artista devolvió 17,2 millones de euros a la Agencia Tributaria -la suma presuntamente defraudada más los intereses-, una vez que supo que estaba siendo investigada.

En ese proceso, la Fiscalía pide una pena de ocho años y dos meses de cárcel y multa de 23,8 millones para la cantante colombiana, quien en julio del año pasado rechazó llegar a un acuerdo con la Fiscalía y decidió jugársela en el juicio, aunque aún tiene tiempo para pactar con las acusaciones -que incluyen a Hacienda y la Agencia Tributaria catalana- hasta el momento de sentarse en el banquillo.