Mié. Sep 25th, 2024

La aplanadora legislativa de Morena trabaja a destajo para cumplir con los deseos del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, que cesa en el cargo el lunes. El bloque oficialista ha aprobado con 86 votos a favor y 42 en contra en el Senado la enmienda a la Constitución que adscribe definitivamente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, una de las líneas maestras del plan de seguridad que planteó López Obrador, cuando llegó a la presidencia, en diciembre de 2018. Entonces, Morena y sus aliados carecían de la mayoría necesaria —dos tercios de cada cámara en el Congreso— para sacar adelante la reforma. Eso cambió el 2 de junio, cuando el partido guinda y las formaciones que le apoyan, el PT y el PVEM, elevaron su representación legislativa y acabaron por conseguir la supermayoría.

La Guardia Nacional queda así bajo el paraguas militar. La reforma constitucional, que ahora deberán refrendar más de la mitad de los congresos de los Estados, corta sus ligas con el mundo civil. La corporación dependerá al 100% de la Sedena, convirtiéndose en la cuarta fuerza armada, junto al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La futura presidenta, Claudia Sheinbaum, ha declarado varias veces desde los comicios del 2 de junio que le parece bien este cambio, y que, contrario a los críticos de la reforma, no cree que esto apuntale la militarización de la seguridad pública, argumento central de sus detractores. El argumento de Sheinbaum y de Morena en general es que ahora las Fuerzas Armadas no reprimen, como ocurría en gobiernos pasados.

Morena ha contado con sus votos y los de sus aliados, además de los de los dos senadores que obtuvieron su curul gracias al desaparecido PRD, y que se pasaron a Morena, y de su flamante fichaje de principios de septiembre, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez. El veracruzano cimbró a la bancada panista hace dos semanas, cuando anunció que votaría a favor de la reforma al Poder Judicial, una de las prioridades del nuevo bloque morenista en el Congreso, que, entre otras cosas, instaurará un sistema de elección de jueces por votación popular. La dramática decisión de Yunes, que agarró a su partido a contrapié, permitió a Morena alcanzar la cifra mágica de 86 senadores, límite de la mayoría calificada.

Yunes parecía haber asumido la disciplina de Morena desde entonces. El senador sigue siendo parte de Acción Nacional, pero el partido ha iniciado un proceso de expulsión en su contra y en contra de su padre, suplente de Yunes Márquez en la cámara. Como explicaban a EL PAÍS esta semana dos fuentes del bloque de Morena, el veracruzano ya asistía a las reuniones privadas de sus senadores, donde se discuten asuntos de agenda y estrategia y se toman decisiones conjuntas. Antes de la votación, estas fuentes no tienen duda alguna de que Yunes Márquez les apoyaría de nuevo.

Quienes no han votado a favor han sido los senadores del PRI, a pesar de las declaraciones del líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, que aseguró que sus colegas priistas secundarían la reforma, a diferencia de lo que hicieron con la enmienda constitucional al Poder Judicial. Los senadores del tricolor trataron de atajar los rumores que alimentó López, incluso antes de la votación, para evitar cualquier suspicacia. La noticia así, no ha sido tanto el pleno, de resultado seguro, sino la protesta fuera, protagonizada presuntamente por estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Este jueves se cumplen 10 años del ataque de criminales y autoridades contra un grupo de compañeros, en Iguala, Guerrero. Aún hoy siguen desaparecidos 43 estudiantes.

Concluye así una de las grandes polémicas del sexenio, que Morena aparcó durante un tiempo, a la espera de la supermayoría. Sustituta de la Policía Federal, la Guardia Nacional nació como un cuerpo de seguridad híbrido, a mitad camino entre lo militar y lo castrense. Burocráticamente, estaba adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque los mandos, adiestramientos y cuarteles dependían del Ejército. El empuje de Palacio Nacional acaba en puerto, eso a pesar de las críticas de expertos y activistas, que temen un empoderamiento excesivo del Ejército, una corporación tendiente a la opacidad, con escaso gusto por la rendición de cuentas.