14 mayo 2020.

El 2010 fue el año donde el Instituto Internacional de Prensa (IPI) declaró a Lydia Cacho como “Heroína Mundial de la Libertad de Prensa», en reconocimiento a su contribución al periodismo de investigación en defensa de la justicia y los derechos humanos.

La periodista mexicana se hizo famosa por sus informaciones sobre la violencia doméstica, la prostitución infantil, el crimen organizado y la corrupción política. Sus denuncias sobre una red de pederastia en Cancún la convirtieron en objeto de agresiones y amenazas de muerte.

A través de su trabajo, Cacho “ha puesto de manifiesto la importancia del periodismo justo y preciso para ayudar a las personas a exigir sus derechos»

“Cacho no sólo ha provocado un cambio en su propio país, sino que su lucha y logros hacen de ella una modelo a seguir para las generaciones venideras”.

La historia incómoda que no quieren contar Lydia Cacho

La anatomía de la impunidad está siempre a la vista, lo que hace la diferencia para comprenderla es desde dónde se narra y quién trabaja para desviar la conversación hacia un lugar confuso que favorece al Sistema político que se retroalimenta de corrupción todos los días, gobierne quien gobierne el país.

Aquí la explicación concisa qué el ex gobernador de Puebla, Mario Marín y el magnate Kamel Nacif Borge, compraron niñas por 3 mil dólares (según constancia judicial y llamadas telefónicas entre ellos haciendo la compraventa), y por denunciarlos públicamente la torturaron y encarcelaron ilegalmente.

En 2005 se publicó «Los Demonios del Edén»: el poder detrás de la pornografía infantil.

El nombre y el libro siguen vigentes porque todos los implicados, poderosos políticos y empresarios, se han mantenido en el poder o cerca de él a pesar de la evidencia judicial de su participación en una red de explotación sexual comercial de niñas, lavado de dinero y pornografía infantil. Publicó todos sus nombres, desde Emilio Gamboa, hasta Kamel Nacif.

 El único prisionero es el violador y vendedor de niñas Jean Succar Kuri, sentenciado a 112 años, sí durante la 4T, una red de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación lo sacó del penal de alta seguridad de La Palma, para llevarlo a la cárcel municipal de Cancún, donde ya pide preliberación por edad y salud, a pesar de que el delito de trata de niñas no admite ese privilegio.

Los responsables: jueces y magistradas del Poder Judicial Federal coludidas con los de Puebla, Edomex y Quintana Roo. Se une a ellos la omisión de la Suprema Corte de justicia y la inacción del Consejo de la Judicatura que, como órgano disciplinario ya tiene los informes y no actúa.

 Desde diciembre 2005 debido a las amenazas de muerte y a la acusación penal por difamación y calumnia en su contra, interpuesta por los tratantes de personas y orquestada por el Poder Judicial de Puebla, bajo órdenes del entonces gobernador Mario Marín y su financiador de campaña Kamel Nacif Borge, se vio obligada a demostrar los crímenes y construir, con recursos personales, su propia defensa y la de las víctimas de entre 2 y 14 años. Junto a José Luis Santiago Vasconcelos, entonces Fiscal de la Subprocuraduría de investigación de delincuencia organizada, demostraron que su libro efectivamente documenta una red formal de delincuencia organizada, blanqueo de capitales, pornografía infantil y trata de niñas y niños.

La evidencia quedó en manos de tres instancias de PGR (hoy FGR) SIEDO (hoy SEIDO), y FEVIMTRA entonces encabezada por Sara Irene Herrerías.

La corte de California que tenía detenido a Succar Kuri, admitió 7 videos y fotografías de pornografía infantil en que se veía a los pederastas violando niñas hasta de 4 a 13 años, consideró prueba legal suficiente para arrestarlo y extraditarlo a fin de ser juzgado por esos delitos en México.

Esto sucedió durante todo el sexenio de Felipe Calderón. Bajo amenazas de muerte y, evadiendo a personas financiadas por esa red, para desacreditarla, dio una batalla legal durante seis años más, cuatro abogados se vendieron, llevo el caso a la Suprema Corte; vivió 5 años con escoltas y atentados.

Dentro de PGR fueron rasurando el expediente. El gobernador Marín mandó a robar una computadora con evidencia a las oficinas de CNDH. De pronto el expediente de Delincuencia Organizada se fue minimizando, llevándolo hacia abuso sexual de menores y tortura en su contra, eliminando el lavado de dinero y la trata de niñas; no pudieron desaparecer toda la evidencia de la cuál Lydia tiene copias, porque las volvío a llevar cuantas veces la requirieron. El entonces Procurador General Eduardo Medina Mora le dijo en sus oficinas que al líder Succar Kuri sí lo iban a juzgar, pero a Marín, Nacif y Yunes no, porque “estaba complicado”.

Demostró que la complicación eran los pactos políticos y favores recibidos. Ello le costó una amenaza de muerte, un atentado y su salida temporal de México. Las y los responsables: Emilio Gamboa Patrón. Felipe Calderón protegió a Miguel Ángel Yunes Linares; la ex fiscal Sara Irene Herrerías y entonces procuradora de Províctimas no impulsó la evidencia de trata de niñas.

Olga Sánchez Cordero ministra de la Corte (que negó su tortura en 2007 y que en 2019 tuvo que reconocerla forzada por ONU Ginebra, que ratificó formalmente los hechos). Magistrado Ricardo Velázquez Cruz operador de Mario Marín para facilitar la corrupción de la jueza en su contra y defensor encubierto de Kamel Nacif. Todos los funcionarios de esas instancias del sexenio de Enrique Peña Nieto, que congelaron los expedientes y entorpecieron cualquier pesquisa que logro abrir con sus abogados, mientras el caso se juzgaba ante el Consejo De Derechos Humanos en Ginebra.

 Ya han pasado 13 años de batalla contra la delincuencia organizada y el sistema político/judicial. El 22 de junio de 2019, plena 4T, de nuevo nombrada Fiscal, Sara Irene Herrerías publicó una carta de 4 folios en El Universal, respondiendo a un artículo de la periodista Elisa Alanís, admitiendo que “hay una red que protege a Mario Marín en Puebla y por ello no pueden detenerlo desde el 14 de abril, día en que salió la orden de aprehensión”. Lo que no dice es que dicha red está conformada por un grupo de delincuencia organizada, vinculado con políticos y jueces al interior de los gobiernos de Quintana Roo, Puebla y el Gobierno Federal; que ella conoce toda la historia desde dentro y sabe por qué no los detienen. Más allá de Lydia, lo que parece importante es que ustedes recuerden que a ella la torturaron por señalar con nombres y apellidos la existencia de una red criminal que compra y vende niñas de diferentes países para explotarles en México, que lava dinero y financia campañas de gobernadores.

A lo largo de 13 años han ido retirando delitos del expediente, logrando de esa manera ceñir el caso a un juicio individual por tortura en su contra; así ocultaron la delincuencia organizada de un cartel político empresarial dedicado a la esclavitud sexual de chicas y al financiamiento de partidos políticos.

 Próximamente liberarán al comandante José Montaño Quiróz, policía poblano sentenciado por torturarla; él le advirtió cuando la torturó: si me acusa y voy a la cárcel, la voy y a descuartizar, aunque sea lo último que haga.

Succar Kuri prometió asesinarla también, lo hizo frente al juez cuando testifico en su contra en el penal de La Palma. Las redes de esclavitud humana funcionan así: vinculadas con un sistema político inamovible en el que se anuncian pequeños logros y se ocultan grandes fracasos prohijados por los poderes en turno.

 Los logros más grandes que han tenido han sido que los medios y las nuevas generaciones entiendan la trata de personas, discutan sobre cómo abatir la pornografía infantil y su prevalencia; que se reconozca que el Estado tortura para acallar la libertad de expresión y la protección a víctimas de delitos, que las periodistas que sobreviven son la voz de las asesinadas.

 Que la OCDE reconoció que México es el país con mayor abuso sexual infantil del mundo, debido a su impunidad. Que se entienda que, sin clientes y políticos que los protejan, no habría explotación sexual comercial y pederastas libres. También mantenerse viva ha sido un buen logro.

Su hogar está en Quintana Roo, donde incrementan mensualmente las desapariciones de mujeres y niñas. Ahora estará libre uno de sus torturadores y probablemente, Succar Kuri.

Lydia seguirá trabajando, dará la batalla, como millones de personas, para que la verdad no quede oculta bajo respuestas oficiales que encubren el dolor real de un país sin estado de derecho donde la corrupción es ley y la ley rara vez se transforma en justicia.