De los casos registrados en lo que va del año, el 50% de las víctimas tienen entre 20 y 39 años.
En promedio, son 13 reportes de personas desaparecidas o no localizadas por día en lo que va del 2020, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación hasta el 30 de agosto.
En México se registran un total de 3,207 víctimas en lo que va del presente año. En el mismo periodo del 2019, el número de víctimas reportado fue de 5,513, es decir, la disminución fue de 2,306 casos.
Las cinco entidades en donde se concentran el mayor número de víctimas son: Jalisco (652), Nuevo León (415), Ciudad de México (365), Puebla (219) y Tamaulipas (206).
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Kathryne Bomberger, directora General de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, indicó en un artículo de opinión en el European Observer que los gobiernos tienen que hacer todo lo que está a su alcance para dar cuenta de las personas desaparecidas.
“Con un enorme número de personas desaparecidas en todo el mundo -en Siria, en Irak, en Colombia y en México, por ejemplo, y a lo largo de las peligrosas rutas migratorias de América Central, Asia Meridional y el Mediterráneo-, dar cuenta de las personas desaparecidas puede parecer una tarea insuperable. Pero no lo es. Se puede lograr – a través de un proceso sistemático que reúna a todos los actores clave, que aplique la ciencia forense y la informática del siglo XXI, y que esté firmemente basado en el estado de derecho”, mencionó.
Del periodo comprendido desde 1964 hasta el 30 de agosto del 2020, en el país son 75,067 personas desaparecidas o no localizadas. Las entidades que más casos registran son: Tamaulipas (11,050), Jalisco (10,249), Estado de México (7,962), Veracruz (5,031) y Sinaloa (4,840).
Cabe señalar que el número de personas desaparecidas en el país incrementó después del 2006, ya que antes de dicho año se tenía el registro de 1,523 personas desaparecidas.
En tanto, Jesús Peña, representante Adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, indicó al respecto que “la grave situación que enfrenta México en materia de desaparición requiere del compromiso efectivo de todas las autoridades. Por ello, es necesario que quienes integran los poderes judiciales asuman esta tarea con responsabilidad, compromiso, sensibilidad y garantizando el respeto a los derechos humanos”.
La Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se estableció en el 2011 como el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas como una preocupación ante el incremento de desapariciones forzadas o involuntarias en distintas regiones del mundo.
En un comunicado oficial, Antonio Gutiérrez, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, indicó: “se ha identificado otras tendencias preocupantes, como las represalias contra los familiares de las víctimas y miembros de la sociedad civil, a menudo en nombre de la seguridad y la lucha anti terrorista. Las desapariciones forzadas también tienen consecuencias de género que afectan particularmente a las mujeres y a las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales”.
También hizo un llamado para que los gobiernos redoblen sus esfuerzos en la prevención de desaparición forzada, asimismo en la búsqueda de las víctimas e incrementar la asistencia para los familiares. “Es igualmente crucial que se lleven a cabo investigaciones judiciales creíbles e imparciales”, puntualizó.
En el caso de México, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV) acumula dos meses sin que se asigne a su titular, fue el pasado 23 de junio que Mara Gómez Pérez entregó su renuncia al Senado. Otro de los problemas que enfrenta dicha comisión es que consecuencia de las políticas de austeridad tendría un recorte de 75% el gasto operativo.