Ciudad de México. En 13 estados los congresos locales no han aprobado reformas constitucionales ni legales para frenar y sancionar la violencia política de género, y en el caso de Puebla, Veracruz y Yucatán, las legislaturas locales tienen hasta el 31 de julio para discutir y avalar iniciativas en la materia, mientras que en Tabasco, Ciudad de México, San Luis Potosí y Zacatecas, el plazo ya venció.

Este domingo, en conferencia de prensa virtual, diputadas de MC y PRI, así como colectivos de mujeres hicieron referencia específica al caso de Puebla donde, señalaron, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Gabriel Biestro (Morena), busca dejar fuera del dictamen de las propuestas a la Comisión de Igualdad de Género.

De no aprobar las reformas, las disposiciones para evitar la violencia política de género no podrán aplicar para la elección del próximo año.

“Es un tiempo crucial en Puebla, antes de que concluya el periodo ordinario, para que se legisle en materia de paridad y las reformas legales en materia de violencia política. La comisión de igualdad ya tiene el trabajo, solo falta voluntad política”, dijo la diputada Martha Tagle (MC).

También, la diputada Lucero Saldaña (PRI) explicó que el centro de las ocho iniciativas congeladas en el Congreso de Puebla buscan que se tipifique como delito y se reconozca toda violencia política de género en el ámbito público y sea sancionado.

Además están pendientes de legislar en la materia los congresos de Baja California, Hidalgo, Coahuila, estado de México, Nayarit y Quintana Roo.

También, en un pronunciamiento, las legisladoras y representantes e organismos de mujeres refirieron que, en junio de 2019, la organización CAFID AC presentó un diagnóstico multidimensional sobre la violencia política ejercida contra las mujeres en las elecciones federales de 2018 en Puebla.

“Este trabajo evidenció que 62.5 por ciento de las ex candidatas se asumieron víctimas de violencia política en el proceso electoral y 81.3 por ciento conoció o percibió algún caso de violencia política en el mismo proceso. En este diagnóstico las ex candidatas identificaron como principales agresores con un 26.9 por ciento a los medios de comunicación, 23.1 por ciento al propio partido, y 19.2 por ciento a la ciudadanía en general”.

Recordaron que la diputada Rocío García Olmedo (PRI), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso poblano, presentó desde el comienzo de la actual legislatura, iniciativas para evitar la violencia política contra las mujeres “y el destino de las propuestas ha sido el mismo que anteriores, la congeladora”.