El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y un primer bloque de reservas, por 388 votos a favor y 53 en contra, reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de las Mujeres; la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Así como suprimir la Secretaría de la Función Pública y convertirla en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y a la Secretaría de Gobernación se le confiere la facultad de operar la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población y el servicio nacional de identificación personal y compartir la información con las autoridades competentes. El proyecto fue enviado al Senado.

En el primer bloque de reservas, Morena y sus aliados también aprobaron modificar el dictamen, mediante una reserva presentada por la diputada guinda Jessica Saiden Quiroz, para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tenga la facultad de dirigir la política de prevención social de las violencias y coordinar la prevención del delito mediante políticas y programas.

Sin embargo, la diputada Carmen Rocío González (PAN) acusó que la reserva presentada por Morena sólo busca centralizar los recursos, y cederlos sólo a las entidades que son gobernadas por su partido.

“Tenemos la plena claridad de que Morena no es un partido federalista, cada año se centralizan más los recursos, y estos recursos que ustedes centralizan, hoy los quieren utilizar para crear criterios en materia de seguridad pública, pero sin tomar en cuenta a los Estados y a los municipios; yo esperaría que no se hicieran estas diferencias de colores y, sobre todo, que no se le diera un trato partidista a lo que hoy se está haciendo, pero la realidad es otra”, dijo.

En el tercer bloque de reservas, la mayoría oficialista avaló por 321 votos a favor y 108 en contra, otra reserva presentada por la diputada Vianey García (Morena), para que los recursos humanos, financieros y materiales de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se transfieran a la Secretaría de las Mujeres, a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Durante la discusión en lo general, los legisladores de oposición señalaron que están a favor de crear la Secretaría de las Mujeres porque es una demanda histórica en el país, pero lamentaron que no se haya contemplado la asignación específica de recursos.

El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) pidió que en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2025, se incluyan recursos suficientes para atender a la Secretaría de las Mujeres.

Señaló que reforma debe ir acompañada de un dictamen de impacto presupuestal y analizar las funciones, ya que son realizadas por varios organismos autónomos. “Todo lo hacen al revés en el afán de centralizar; se llevan de corbata temas que son sustanciales para el desarrollo del país”, dijo.

En ese sentido, el diputado Marcelo Torres Cofiño (PAN) denunció el 11 de noviembre, en la Comisión de Gobernación y Población que el dictamen incluyó ningún documento que contemple la valoración del impacto presupuestario de crear nuevas secretarías de Estado, por lo que se estaría violando lo establecido en el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera (MC) dijo que es necesario modernizar la administración pública, pero que “se tienen deficiencias importantes que deben ser atendidas y corregidas inmediatamente”.

“Necesitamos que en esta Cámara se reflexione y actúe con responsabilidad al aprobar cambios, que sin las medidas adecuadas podrían traer consecuencias negativas a nuestras instituciones y a la vida de la ciudadanía”, advirtió.

Su compañera de bancada, la diputada Patricia Mercado expuso que con la aprobación de esta reforma, Morena y sus aliados se están adelantando a la extinción de los órganos autónomos, dictamen que se discutirá la próxima semana.

“Estamos adelantándonos a la desaparición de órganos autónomos, que no sea concretado, y a la cual nos oponemos. Pensamos que en muchos casos se va a sacrificar la eficiencia, la rendición de cuentas, la calidad de las políticas públicas y la participación ciudadana”, comentó.

La diputada Guadalupe Jiménez (PAN) dijo que la reforma, más que buscar la simplificación, tiene la finalidad de concentrar las facultades esenciales de transparencia y el acceso a la información en una sola dependencia.

“No es más que un intento de poner derechos ciudadanos bajo el control directo del Ejecutivo, nos aseguran que este nuevo órgano garantizará el acceso a la información y la protección de los datos personales; sin embargo, poner estas funciones en manos del mismo poder que debe ser vigilado, es como pedirle al zorro que cuide del gallinero, esto no fortalece la transparencia, al contrario, convierte el derecho ciudadano en una herramienta que el gobierno puede abrir o cerrar según su conveniencia”, subrayó.