El Ministerio Público de Guatemala ha rechazado «categóricamente las campañas de desinformación que algunos sectores difunden» en su contra, después de que el presidente electo, Bernardo Arévalo, denunciara que las autoridades judiciales habían llevado a cabo un golpe en el país para impedir la transición de poder. El Ministerio ha expresado en un comunicado que se trata de «afirmaciones alejadas de la realidad» y considera que resulta «imperativo aclararle al pueblo de Guatemala, que el actuar del ente investigador siempre se ha llevado a cabo con respeto a los principios de legalidad, derecho de defensa, debido proceso, presunción de inocencia y demás garantías, por lo que en ningún momento se ha pretendido, ni se pretenderá interferir en el proceso electoral». En esta línea, desde el organismo público han asegurado que, «durante el proceso electoral 2023, han recibido más de mil denuncias relacionadas con diferentes delitos electorales, por ciudadanos que consideran que sus derechos han sido vulnerados» y han añadido que «velarán por todas las víctimas del delito para que obtengan una respuesta eficaz y oportuna a sus denuncias». A este fin, el comunicado contempla que se efectuarán «las investigaciones correspondientes, en estricto cumplimiento de las leyes, con responsabilidad, ética, objetividad e imparcialidad». Todo ello «procurando el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia» en el país, ha sentenciado.
En la misma nota, el Ministerio Público se defiende de las acusaciones de Arévalo presentándose como «una institución autónoma, que no se encuentra subordinada a ningún ente nacional o internacional, cuya función principal es investigar todos los hechos denunciados por la ciudadanía guatemalteca y perseguir penalmente a quienes pudieran resultar responsables, garantizando de esta manera los Derechos Humanos de las víctimas del delito y preservando el Estado de Derecho». 100.000 FIRMAS CONTRA EL MINISTERIO PÚBLICO Tras hacerse públicas las acusaciones de Arévalo, un grupo de de manifestantes se ha reunido frente al Ministerio Público para presentar un documento con más de 100 mil de firmas con el que solicitan la renuncia, entre otros, de la fiscal general del país, María Consuelo Porras, y del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el cuestionado Rafael Curruchiche, ha informado el diario ‘Prensa Libre’. «Sus argumentos carecen de honorabilidad, profesionalismo y objetividad. Un profesional no puede carecer de estas tres cosas para servir a un país», ha denunciado el portavoz de los congregados, quien ha agregado que «los resultados para los que fueron seleccionas son pobres, deficientes y opacos». Quienes piden la dimisión de estos altos cargos del Ministerio Público le ha reprochado, además, el incumplimiento de «sus labores y de las funciones que les han sido otorgadas por la Constitución de Guatemala y por el sistema jurídico».
«El pueblo guatemalteco rechaza y reprueba su actuación profesional y pide que, con urgencia y de forma inmediata, desocupen sus cargos», han sentenciado. «UN GOLPE DE ESTADO EN CURSO» El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha denunciado este viernes que las autoridades judiciales, una «mafia política enquistada en las instituciones del Estado», han llevado a cabo un golpe en el país para impedir la transición de poder. «Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde la instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país», ha destacado en una rueda de prensa. Arévalo ha indicado que hay un «golpe de Estado en curso» en el que «el aparato de la justicia» está siendo usado «para violar la justicia misma», «burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas» mediante «acciones espurias, ilegítimas e ilegales». Según los datos electorales, Arévalo — candidato del suspendido Movimiento Semilla– obtuvo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales más del 60,9 por ciento de los votos, lo que le faculta para iniciar mandato el 14 de enero de 2024.