Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), logró vencer a la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso por el caso Agronitrogenados.

Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, decretó la suspensión del proceso penal porque ya está en marcha una reparación del daño que está pagando el ex dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, por 216 millones de dólares.

En julio pasado, el juzgador determinó no realizar la audiencia porque la FGR no participó en las negociaciones donde el ex funcionario trató de lograr un acuerdo reparatorio para suspender las causas penales que enfrenta.

Sin embargo, Emilio Lozoya pidió al juez continuar con la diligencia porque el gobierno federal exigió 30 millones de dólares como reparación del daño por ambos casos; lo anterior provocó que el ex director de Pemex denunciara que se trata de una “extorsión”.

“(La Unidad de Inteligencia Financiera) UIF y Pemex, desde enero de 2022 pidieron por escrito 3.4 millones de dólares (por Agronitrogenados y 7 millones de dólares por Odebrecht). Me parece ilegal, inmoral y me parece que raya en extorsión.
“Acepté pagar el cien por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño ¿Por qué el incremento? ¿Por qué la cuasi extorsión? Preguntó.

Ante la falta de explicación de las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Pemex por incrementar en 200 por ciento la reparación del daño, Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, decidió no llevar a cabo la audiencia y subrayó que la autoridad “tiene que sustentar dicha cantidad».

“Sí se requiere la fundamentación porque si no, la fiscalía genera incentivos perversos como en el sistema anterior y se podría fijar cualquier cantidad de manera arbitraria. Incluso si el Estado mexicano no quiere celebrar el acuerdo también deben dar una justificación al igual de por qué no estuvo presente la FGR.
“Debió tener intervención la fiscalía porque es el rector de la propia investigación, veo que UIF y Pemex van por cuerda separada de la fiscalía y eso tampoco es correcto”, advirtió el juez.
A su vez, Emilio Lozoya, quien estaba molesto, aseguró que al haber intentado llegar a un acuerdo, esto no quiere decir que acepta la culpabilidad. “Fue idea de mi familia por el acoso político que estamos viviendo”, enfatizó el ex funcionario.

Al final, la defensa presentó dos incidencias con la intención de que declarara la prescripción del presunto delito y para que no se reconociera como víctimas a la UIF y a Pemex, pero su petición no prosperó.

Lozoya pidió ir a juicio
Al comenzar la audiencia, el juez Genaro Alarcón preguntó si se había llegado a un acuerdo entre las partes.

Eduardo Fuentes Celestrin, abogado que se unió a la defensa de Emilio Lozoya, narró que el pasado 29 de agosto sostuvieron una reunión con las autoridades de Pemex, UIF y la FGR donde se les hizo una nueva propuesta de pago por 20 millones de dólares, monto que señaló no se encontraba motivado y justificado.

Inmediatamente Emilio Lozoya pidió la palabra y solicitó que diera inicio la audiencia intermedia, pero el juez lo conminó a que tratara el tema con su equipo de abogados.

El ex funcionario le dijo al juez:

“Usted ha velado por que se respeten mis derechos. Se aprecia esta actitud. Como dice mi abogado, ha habido conversaciones, que yo llamaría extorsiones; primero 3.4 millones y después al 200 por ciento y lo suben a 30 millones de dólares y lo bajan. Hay un acuerdo cuando hay voluntades, respecto a peritajes y cifras ciertas, pero como no lo hay, no hay acuerdo, quieren utilizar el aparato de justicia para atropellar mis derechos”.
Acusación a Lozoya
Tras escuchar el argumento, el juez dio comienzo a la etapa intermedia, donde la FGR acusó formalmente a Emilio Lozoya del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por beneficiarse de un favor a supuestamente le hizo a Alonso Ancira para comprar la planta chatarra de Agronitrogenados que se localiza en el complejo de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.

Dinero que según utilizó para comprar una residencia en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México. La fiscalía pidió una pena de 15 años de cárcel.

Sin embargo, Rojas Pruneda argumentó que no existía ni una prueba y que la acusación está sustentada en múltiples hechos “temerarios, falsos y alterados”, además de que su cliente fue exhibido por el gobierno federal como in delincuente cuando no siquiera había una vinculación a proceso.

Aunque Emilio Lozoya logró vencer a la FGR en este caso, el caso podría reactivarse si Alonso Ancira no cubre este año el resto de los 216 millones de dólares que se comprometió pagar, lo que provocaría que ambos vuelvan a la cárcel solo por este caso.

Asimismo, Lozoya aún no puede recuperará su libertad porque tiene pendiente el proceso de Odebrecht.