Durante su campaña para llegar a la Suprema Corte de Justicia de México, Hugo Aguilar lanzó un mensaje sencillo: “Ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de toma de decisión de este país”.

El domingo, en las primeras elecciones judiciales celebradas en México, este abogado indígena mixteco de 52 años se convirtió en el candidato más votado del alto tribunal y, según la presidenta Claudia Sheinbaum, será el primer indígena en la Corte desde que Benito Juárez lideró la institución entre 1857 y 1858, antes de convertirse en presidente y uno de los héroes patrios de México.

Aguilar representa a una minoría que necesita más representación —casi el 20% de la población de México es indígena— y cuenta con una reconocida trayectoria como defensor de los derechos indígenas, todo un símbolo para algunos.

Pero el abogado se alineó con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y sus polémicos megaproyectos, muy criticados por muchos pueblos originarios por presuntamente haber arrasado áreas naturales en el sureste mexicano.

Además, como los otros ocho candidatos que conformarán la futura Suprema Corte, fue propuesto por el oficialismo de Morena y formó parte de unos comicios tremendamente criticados y cuestionados en los que sólo participó el 13% del electorado.

“No es un candidato indígena”, matiza otro abogado mixteco, Francisco López Bárcenas, académico de un centro público de ciencias sociales que trabajó con él hace décadas. “Es un indígena que resultó candidato”.

Orígenes combativos de Hugo Aguilar

Aguilar es originario de San Agustín Tlacotepec, una localidad del sureño estado de Oaxaca, donde vivió la exclusión y las injusticias, según él mismo ha contado durante su campaña.

En los años 90, cuando salía de sus clases de Derecho, se iba a colaborar con una organización de derechos humanos local, SERmixe, recuerda Sofía Robles, integrante de ese colectivo y una década mayor que él.

«Tenía muchas inquietudes… y convicción», comentó. «Desde el inicio, tenía bien claro de dónde venía”.

Durante años, su trabajo fue ampliamente reconocido por su destreza no solo para defender temas indígenas y agrarios, sino también en el ámbito constitucional, donde tiene una maestría y ha asesorado a organismos internacionales como la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas.

Aguilar trabajó en favor de las reformas constitucionales que se lograron tras el levantamiento armado zapatista de 1994 en Chiapas, que reconoció derechos básicos para la población indígena como la conservación de su lengua y su cultura, elegir a sus autoridades o mejoras en salud y educación.

No solo eso, consideró que esos cambios no eran suficientes y lideró junto a otros abogados — como López Bárcenas— cientos de controversias constitucionales con el argumento de que las reformas no contemplaban derechos reconocidos por México en tratados internacionales. La Suprema Corte resolvió entonces con cinco palabras, recuerda el académico: “No tienen competencia para reclamar”.

Robles, su antigua compañera, confía ahora en que lleve ese ímpetu al alto tribunal. “Para muchos… es una esperanza”, afirmó. «Va a ser un ejemplo para las generaciones actuales y futuras”.