«Yo no califico para nada. Soy invisible; es muy fuerte».

Paz Ruiz, de 75 años, ha intentado recibir alguna de las ayudas sociales proporcionadas por el gobierno de Chile para hacer frente a la crisis económica provocada por la covid-19. Sin embargo, no ha tenido suerte.

La última vez intentó recibir el «Bono Clase Media» para pensionados, que busca beneficiar a familias que han sufrido la reducción de sus ingresos producto de la pandemia.

Pero, una vez más, no cuenta con los requisitos solicitados.

«Mis únicos ingresos son el montepío de mi marido, 260.000 pesos, y una jubilación de Naciones Unidas (donde era secretaria) de unos US$60 mensuales. Entonces yo nunca puedo pedir un préstamo o postular a nada porque no tengo cómo respaldar esta cantidad de plata; es muy poquita. No califico para nada», dice.

A pesar de que Paz Ruiz vive gracias a la ayuda que le entregan sus hijos, afirma que está cansada de no recibir un mayor respaldo del Estado.

«A lo mejor yo tengo casa, auto y quizás ellos saben esa información y por eso me rechazan», asegura.

«Yo entiendo que Chile no es un país rico pero sí tiene plata para algunas cosas. Lo de la vacuna ha sido muy bueno, solo necesitabas mostrar tu carnet de identidad y te atendían fantástico. Estaba realmente orgullosa, me sentía emocionada de ser chilena. Pero ¿por qué diablos esto no es así?», agrega.

«¿Por qué tantas trabas?»

El caso de Paz Ruiz no es aislado. En los últimos días, miles de chilenos han reclamado por haber sido descalificados para recibir el Bono Clase Media, que solo 24 horas después de lanzarse el sábado 17 de abril, había recibido casi 200.000 apelaciones por solicitudes rechazadas.

El tema, de hecho, se volvió tendencia en redes sociales. «¿Por qué es tan difícil obtener ayuda del gobierno?» «¿Por qué tantas trabas?» «Por 40 (pesos) no califico para el bono, tengo mucha plata para ser pobre pero 40 pesos menos que la clase media», decían algunos de los mensajes de usuarios en Twitter.

La política fue diseñada para llegar a 2 millones de personas y en solo cuatro días ya se habían aprobado 1,7 millones solicitudes. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decidió impugnar ante el Tribunal Constitucional un tercer retiro de los fondos de pensiones que se está tramitando en el Parlamento.

En medio de estos duros cuestionamientos, un tercer retiro anticipado del 10% de los ahorros que los chilenos tienen en sus fondos de pensiones (AFP) avanza en el Parlamento de este país sudamericano. La iniciativa será votada este jueves en el Senado y, a pesar de ser rechazada por el gobierno liderado por el presidente Sebastián Piñera, cuenta incluso con el apoyo de senadores oficialistas.

En un intento por frenar esta moción, la administración de Piñera decidió impugnarla ante al Tribunal Constitucional, afirmando que «atenta contra la calidad de vida de los chilenos en su vejez».

En forma paralela, el gobierno decidió fortalecer y ampliar la ayuda económica a través de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 100.000 pesos (US$143) por tres meses para quienes estén dentro del 80% más vulnerable del registro social de hogares (unas 13 millones de personas aproximadamente), sin otros requisitos.

Pero nada de esto parece amainar las críticas.

Si bien la extensión del IFE—que tiene un costo de US$5.500 millones— fue celebrada por algunos sectores en Chile, también se afirmó que estaba llegando «demasiado tarde» y que no frenará el malestar ni el retiro de los ahorros previsionales.

¿Qué está pasando con las ayudas sociales en Chile, el país con el PIB per cápita más alto de Sudamérica, que la gente prefiere apoyar el retiro de sus propios ahorros? ¿Por qué en muchas personas existe la percepción de que la ayuda del Estado no les está llegando?

Requisitos e informalidad

«No es una percepción. Es la realidad. La ayuda no ha llegado», le dice a BBC Mundo la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto.

«De los US$12.000 millones que tenían guardados para la emergencia, se gastaron US$4.500millones el año pasado. Han gastado muy poco en las familias y recién un año después lo van a hacer (a través del IFE). Pero la gente ahora tiene un montón de dudas, no cree nada», agrega.

Desde el gobierno, sin embargo, señalan que se han implementado «más de 50 medidas económicas y sociales», comprometiendo un esfuerzo fiscal del 12,2% del PIB.

«Estamos conscientes de la necesidad de muchas personas afectadas por la pandemia», dice el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, en una declaración escrita para BBC Mundo.

«Quienes no cumplieron con el requisito de la caída de ingreso o que no pudieron acceder al bono clase media por estar fuera del rango de ingresos considerado, tienen disponibles otros instrumentos como el IFE, y otros instrumentos del Estado», agrega.

Weber, además, asegura que «usando la línea de pobreza nacional, sin el esfuerzo del Estado, la tasa de pobreza habría subido del 8,1% estimado para 2019 al 18,8%». «Por cierto, si bien el efecto de la pandemia se nota de todos modos (la pobreza estimada subió a 10,6%) el efecto de las políticas que se implementaron es innegable en aliviar el peor impacto de la crisis», dice.

Pero para muchos chilenos el gran problema de la entrega de bonos es que están «llenos de requisitos» que hacen su acceso tremendamente difícil, sobre todo para los más vulnerables.

«Hay mucha gente que no ve televisión, que no escucha la radio, que no está en internet. Cuando tú le pides a las personas que postulen, los más vulnerables se quedan afuera. Porque no saben cómo hacerlo, porque no tienen los contactos, se enredan… les cuesta llenar los formularios, los papeles», dice la economista Andrea Repetto.

Para postular al Bono Clase Media, por ejemplo, la mayoría de los candidatos debe cumplir una serie de requisitos: haber tenido un ingreso promedio mensual en 2019 que se encuentre entre 298.833 y 2.000.000 de pesos (US$428 y US$2.864) y haber experimentado una disminución de al menos un 20% del ingreso promedio durante el segundo semestre de 2020 versus el mismo período en 2019.

Sin embargo, muchas personas no tienen cómo demostrar sus ingresos (ni sus pérdidas) pues están fuera del empleo formal.

«Hay mucha más informalidad de la que asume el gobierno. Está lleno de casos de gente con ingresos mixtos, como quienes reciben propinas, y que tienen mucha dificultad para mostrarlos», afirma Repetto.

«El gobierno ha estado todo el tiempo tratando de darle, entre comillas, al que lo necesita. Han estado tratando de apuntarle a las personas para no darle al que no lo necesita. Y en una emergencia como esta, yo creo que es mucho más doloroso dejar a alguien afuera que dárselo a alguien que el gobierno considera que puede arreglárselas solo. Y en eso se han equivocado», agrega.

Según el subsecretario Weber, el gobierno ha intentado fortalecer la red social, llegando a más de 15 millones de personas. «Estamos llegando a más personas, con muchos más recursos y en un menor tiempo, lo que ha ido de la mano con una reducción de los requisitos», dice.

Focalización y desconfianza

La focalización de las ayudas a ciertos grupos de personas es otro de los problemas, dicen expertos.

Javier Sajuria, doctor en ciencias políticas del University College London (UCL), afirma a BBC Mundo que en Chile prima un «argumento de eficiencia» a la hora de entregar las asistencias gubernamentales.

«Es cierto que los recursos son limitados, pero esa lógica ignora las otras consecuencias que tiene la focalización, que en el caso chileno aumenta la desigualdad», dice.

El también académico de la Universidad Queen Mary de Londres agrega que la focalización «parte desde la desconfianza».

«Si tú necesitas ayuda, me lo tienes que demostrar. Agarrar tus boletas y muéstrame que has perdido plata. Al final, el mensaje está claro: para los pobres hay burocracia y trámites», dice.

Por otra parte, muchas de las ayudas sociales tienen cortes abruptos en cuanto a quiénes pueden calificar. Esta fue una de las críticas que más se repitió entorno al Bono Clase Media: que si una persona tenía un ingreso promedio mensual un par de pesos menor a los 298.833 pesos (US$428) exigidos, quedaba fuera.

«Tenías 1.000 pesos demás y te quedaste completamente afuera. Tu ingreso cayó en un 19% y no en un 20%, y también te quedaste afuera, sin nada. Y la política social se hace así en Chile. Lo mismo sucede con la gratuidad en la educación: o te pagan la universidad por 5 años o no te pagan nada», explica Repetto.

Sensación de injusticia

El problema es mucho más amplio que el último bono para la clase media y no nace con la pandemia ni con el gobierno actual.

De acuerdo con Andrea Repetto y Javier Sajuria, esto tiene que ver con un sistema de hacer política social en Chile que está arraigado hace años y es lo que, en parte, provocó el malestar que terminó con el estallido social en octubre de 2019.

«Es una problemática bien general de cómo hacemos política social en Chile y que genera toda esta sensación de injusticia, que es muy brutal y es de lo que la gente se está quejando hoy día. Es el desamparo y la desconfianza con el gobierno», dice Repetto.

«La política social requiere de mucha reparación y se puso en evidencia ahora con la crisis. De todo el gasto fiscal que se hace en Chile, un poquito más del 3% son transferencias monetarias a las familias o personas en exclusión social, es una cantidad muy pequeñita», agrega.

Por su parte, Sajuria afirma que este «sesgo ideológico» detrás de las ayudas sociales genera una «sensación de indignidad».

«La gente se siente indigna al intentar demostrar que es pobre. La base del estallido social estuvo ahí, en la dignidad y en la desigualdad. Y la desigualdad que más le dolía a la gente era la de trato. Que el Estado los trata mal, que desconfía de ellos, y esto es el mejor reflejo», dice. La solución a la crisis económica desatada por la pandemia no ha sido fácil para la mayoría de los países en el mundo.

Pero probablemente la inédita medida chilena de retirar los fondos de pensiones es una de las más cuestionadas por lo expertos a pesar de tener un amplio apoyo de la ciudadanía. «Terminaste con una solución individual para un problema que es de todos. Esto había que resolverlo con solidaridad, y para eso es la acción fiscal. Aquí lo estamos haciendo a través de los recursos propios, de los trabajadores», afirma Repetto.

Con todo, Paz Ruiz asegura que no pretende volver a postular a un beneficio del Estado. Ya perdió las esperanzas. «Estoy cansada de andar mendigando, es una postura no grata», afirma.

BBC