Las jornadas han resultado en 37 muertes y 1.708 casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad según ONG
El pueblo colombiano lleva manifestándose durante 10 días, inicialmente, en contra de la reforma fiscal propuesta por su gobierno pero la crisis social tiene varias capas de lectura y esta propuesta legislativa fue la gota que colmó el vaso. Aunque se llevaron a cabo muchas manifestaciones pacíficas, las intensas jornadas de protestas han dado lugar a imágenes de violencia y según las ONGs, han resultado en muertes y numerosos casos de heridos captando la atención del mundo entero.
Las primera protesta se llevó a cabo el 28 de abril y fue convocada por los principales sindicatos del país a la que se unieron muchas personas de clase media por el temor de que los cambios fiscales les hicieran caer en la pobreza. Las protestas han dejado en estos ocho días 37 víctimas de «homicidio», según ha indicado este miércoles la ONG Temblores, que ha denunciado también 1.708 casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, entre ellas 110 casos de disparos de arma de fuego y 10 denuncias por violencia sexual.
A pesar de que el domingo, el presidente Iván Duque anunció que retiraría el proyecto de ley, las protestas llevadas a cabo en ciudades como Bogotá, Medellín y Calí, dónde se ha presenciado algunas de las escenas más violentas, no han cesado. Estas manifestaciones se han convertido en un amplio llamamiento para mejorar los sistemas de pensiones, salud y educación de Colombia. Asimismo, tras el desarrollo de las jornadas de protesta, muchos de los manifestantes también han transformado su discurso en uno en contra del uso excesivo de la violencia de las fuerzas de seguridad.
Colombia ha sido uno de los países que peor parado ha salido sanitariamente y económicamente de la pandemia del covid-19. La economía de Colombia sufrió en 2020 una caída de 6,8%, la más profunda de su historia, según datos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Además, desde que empezó la pandemia, se estima que han tenido que cerrar sus puertas cerca de 500.000 negocios en todo el país y un 17% de la población está en paro, incluso, en algunas ciudades registran un porcentaje mayor del 20%. Otros datos que reflejan el detrimento económico de la clase media del país es que 23 millones de familias solo se pueden permitir dos comidas al día o que el 19% de las familias no cuenta con ahorros para afrontar esta situación pandémica. En este contexto, la propuesta que lanzó el gobierno que afectaba principalmente a los propios ciudadanos ha supuesto un rechazo generalizado.
La causa principal de que explotase esta bomba de relojería fue una reforma fiscal propuesta por el gobierno de Iván Duque. Esta propuesta de ley la maquilló el ejecutivo con el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible que tiene el fin de recaudar un total de 6.300 millones de dólares para reducir el déficit fiscal y pagar la deuda pública. Entre los objetivos de esta propuesta también se intenta evitar que la deuda colombiana generase la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental. En papel estás metas parecen las adecuadas para lograr la recuperación económica de un país pero para entender el rechazo social debemos hacernos la pregunta clave: ¿Cómo planean alcanzar estas metas y de donde sacarán este dinero?
Según el ministro de economía, el 73% de estos fondos se recaudarían de las personas físicas y el resto de las empresas, es decir, la mayor parte del dinero saldría de los bolsillos de los propios ciudadanos y en el contexto de la situación económica de colombia puede suponer un gran batacazo para el ciudadano de a pie. En cuanto a medidas más concretas, el gobierno sugería un impuesto a la renta para aquellas personas que tienen un sueldo mensual superior a 667 dólares, que en un país donde el sueldo mínimo son 234 dólares engloba a la clase media, media baja. Asimismo, el proyecto de ley incluye la aplicación de IVA en los productos de primera necesidad como el agua la luz o el gas, en los servicios funerarios o los productos electrónicos. También cabe destacar que se proponían medidas fiscales para los sectores de la sociedad de una renta mayor a través de impuestos extraordinarios de 1% para las personas con un patrimonio entre 1.35 millones de pesos y de 2% para aquellos con uno mayor a 4 millones de pesos.
El rechazo social que ha generado esta propuesta ha sido debido a la gran presión fiscal que supone para la población con menos recursos que también coinciden ser los que peor han sufrido la pandemia del coronavirus y al daño que puede suponer encarecer productos de primera necesidad para el sector de la sociedad más vulnerable. Algunos economistas indican que sería más indicado recaudar fondos en otros sectores como el financiero pero otros argumentan que incrementar impuestos únicamente en estos sectores no sería suficiente como para saldar las deudas colombianas.
Mientras Colombia se enfrenta a un peligroso repunte de casos de coronavirus registrando aproximadamente 20.000 nuevos contagios diarios, otro factor que se suma a la crispación existente ha sido el incumplimiento de promesas en la campaña de vacunación de parte del gobierno central. El país latinoamericano fue uno de los países más golpeados por el virus ya que cuenta con un total de 2,95 millones de casos y 76.414 muertes y el estancamiento de la vacunación ha generado un gran descontento entre la población. En este contexto, a finales de abril 4.700.00 personas ya habían recibido la vacuna, es decir, menos del 10% de la población y muchos se han quejado por la falta de transparencia sobre los datos aportados al público sobre la estrategia del gobierno. Además, el desabastecimiento y las dificultades que están teniendo las se personas de riesgo a la hora de recibir la segunda dosis son preocupaciones que también se añaden leña al fuego.
No es la primera vez que Colombia expresa su rechazo hacia el gobierno central y su forma de dirigir el país ya que justo antes de la pandemia se produjeron protestas masivas en contra del presidente Iván Duque. Las protestas tuvieron lugar en varios países de Colombia, entre noviembre de 2019 a febrero del 2020 de forma intermitente y también se les conocía como «Paro nacional». Fueron convocadas el 4 de noviembre por distintos sectores de oposición que luego se les englobó en un solo grupo en el denominado «comité nacional del paro»
Las protestas se realizaron a raíz del descontento de los ciudadanos frente a las políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno, la problemática gestión por parte de las autoridades de los acuerdos de paz con las FARC-EP, el homicidio de líderes sociales y diversos casos de corrupción. Por tanto se podría considerar que el estallido de esta crisis social no es un caso aislado sino un hecho gestándose durante más de un año.
Fuente: EL CONFIDENCIAL