El 13 de agosto de 2019, Rosario Robles ingresó al Penal de Santa Martha Acatitla por el delito de uso indebido del servicio público. Parte de la acusación reposó en que ella dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos de la dependencia con instituciones de educación superior, en el mecanismo conocido como “La Estafa Maestra”.
Rosario Robles Berlanga solicitó que sea llamado a declarar en su juicio Emilio Zebadúa, quien fuera su Oficial Mayor cuando dirigió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y luego la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que explique qué responsabilidad tuvo al firmar convenios con universidades que ayudaron a desviar millones de pesos.
De acuerdo con el diario Reforma, Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, aceptó que Zebadúa declare. La audiencia que se le sigue a Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público se reanudará mañana con la presencia de la exfuncionaria.
La audiencia inicial, en la que Rosario Robles se desistió de someterse a un juicio abreviado, inició el pasado viernes 26 de marzo en donde se presentaron 55 testigos, un perito y 225 pruebas documentales en contra de quien fuera titular de las secretarías de Desarrollo Social y Sedatu en el sexenio de Peña Nieto.
Estas evidencias fueron presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como autoridad coadyuvante, como parte del proceso conocido como “La Estafa Maestra”, que involucra el supuesto desvío de más de 5 mil millones de pesos.
El 13 de agosto de 2019, Rosario Robles ingresó al Penal de Santa Martha Acatitla por el delito de uso indebido del servicio público. Parte de la acusación reposó en que ella dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos de la dependencia con instituciones de educación superior, en el mecanismo conocido como “La Estafa Maestra”.
En noviembre de 2020 se informó que Zebadúa sería testigo colaborador en el caso del desvío de millones de pesos en esas dos dependencias.
La ASF, durante la gestión de Robles y su equipo en la Sedesol, lanzó 19 observaciones al Oficial Mayor, Emilio Zebadúa González, mientras que Mauricio Razo Sánchez, Titular de Quejas del Órgano Interno de Control (OIC), fue llamado 171 veces a investigar a los servidores públicos responsables de las observaciones señaladas.
Como ejemplo, en una auditoría de 2014 realizada al programa de Comedores Comunitarios, se encontró que en ninguno de los expedientes técnicos se incluyó la solicitud de pago a la Oficialía Mayor para transferir recursos al proveedor, a fin de cubrir los costos del equipo de estos comedores. Por esa razón no se pudo comprobar que todos estuvieran en operación.
Para la exauditora Muna Dora Buchahin, quien formó parte del equipo que detectó los desvíos de recursos en las dependencias a cargo de Robles Berlanga, el hecho de que Zebadúa colabore como testigo protegido puede ayudar en la reparación del daño al erario, más que en describir quiénes participaron en los actos de corrupción, ya que ese es un campo que ya fue descubierto.
EL PAPEL DE LA OFICIALÍA MAYOR
De acuerdo con el manual de organización, es el encargado de hacer cumplir el código de conducta de la institución y es el que establece, junto con el titular de la dependencia (Robles), las políticas, normas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la programación, presupuestación y administración del personal y de todos los recursos (materiales, informáticos y financieros) de la Secretaría.
También revisa el desempeño de los servicios administrativos que se proporcionan; suscribe convenios, contratos y todos los documentos que impliquen actos de administración; propone a la Secretaria la designación y sustitución de servidores públicos; autoriza las adquisiciones y la documentación para los pagos con cargo al presupuesto; autoriza el ejercicio de los recursos de la secretaría y es el único conducto para gestionar las partidas Presupuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los otros tres funcionarios que Robles decidió conservar en su equipo a pesar de las irregularidades planteadas por el órgano fiscalizador son Juan Carlos Lastiri Quirós, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Social y Humano en la Sedesol y luego Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Sedatu hasta enero de 2018 cuando contendió por la gubernatura de Puebla; Enrique González Tiburcio, coordinador de asesores en Sedesol y ahora subsecretario de Ordenamiento Territorial, y su abogada María Evangélica Villalpando Rodríguez, cabeza de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedatu.
Ese equipo, tan solo en su primer año de funciones, ya acumulaba 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos de posible daño al erario público. Pero continuó.
Tanto en la Sedesol como en la Sedatu, Emilio Zebadúa fue el responsable de, entre otras, la Dirección General de Planeación y Presupuesto, y la Dirección de Recursos Materiales, que son las áreas con el mayor número de menciones en los informes de la ASF.
La Dirección General de Programación y Presupuesto, que es mencionada en las auditorías en 51 ocasiones, está conformada por 45 personas y cuenta con una Dirección de Contabilidad, un departamento de Sistema Integral de Información y una Subdirección de Rendición de Cuentas.
El nombre del titular de esta Dirección no es público.
Esa unidad está conformada por la dirección de Ejercicio Presupuestal; un Departamento de Control y Seguimiento de Gasto de Inversión; Departamento de Gestión y Seguimiento Presupuestal; Departamento de Control y Seguimiento; dos Departamentos de Fiscalización; un Departamento de Análisis y Pagos de Servicios Generales; una Dirección de Información y Análisis Presupuestal y la Dirección de Normatividad Presupuestaria.
Sin embargo