El multimillonario Ricardo Salinas Pliego acudió hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para quejarse ante Pedro Vaca, el relator especial para la libertad de expresión del organismo regional, sobre una “persecución política en su contra iniciada en 2023” y que el dueño de TV Azteca atribuye al “Estado mexicano”.
De acuerdo con Grupo Salinas, el magnate presentó una denuncia contra el Estado para que la CIDH “declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición que restauren la independencia judicial y protejan la libertad de expresión y el derecho de propiedad en nuestro país”.
En esta denuncia, precisó el conglomerado, Salinas Pliego señaló que sus empresas fueron blanco de una “persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada” destinada, según él, a “restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público”.
En línea con su campaña para hacerse pasar por una víctima del oficialismo, Salinas Pliego acusó a los medios de comunicación estatales y las vocerías oficiales del gobierno –incluyendo las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su antecesor Andrés Manuel López Obrador– de atacarlo para dañar su reputación “con el objetivo de silenciar la disidencia”.
En el comunicado emitido por el conglomerado, Salinas Pliego torció la realidad respecto a los créditos fiscales multimillonarios que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó a sus empresas hace más de una década, por operaciones contables fraudulentas realizadas hace varios lustros: aseveró que “a pesar de su disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley, el Estado ha respondido con negativas y trato discriminatorio, evidenciando un fin coercitivo y no recaudatorio”.
El comunicado omitió mencionar que, durante más de una década, las empresas de Grupo Salinas presentaron decenas de amparos y recursos legales para evitar el pago de los créditos fiscales, y que el propio Salinas Pliego declaró más de no una vez que no le pagaría al SAT, en una larga batalla legal que llegó en distintas ocasiones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hasta que los ministros cerraron el asunto el pasado 13 de noviembre, con la orden definitiva que el conglomerado pague lo debido.
A raíz de su diferendo con el SAT, el multimillonario rompió su relación con López Obrador y se volvió uno de los detractores más virulentos de la llamada Cuarta Transformación, a la que ha atacado a través de sus redes sociales y de los noticieros de TV Azteca.