Entre reclamos de magistradas y magistrados por las malas prácticas y violaciones a la Constitución a lo extenso de el proceso de revocación de precepto, el Tribunal Electoral federal (TEPJF) desechó la impugnación del mandatario Andrés Manuel López Obrador, del Partido del Trabajo (PT) y otros actores, contra el consenso del INE por el que efectuó el cómputo total y hizo la declaratoria de resultados del proceso de revocación de precepto de 10 de abril pasado.

La impugnación del Mandatario se desechó pues las y los magistrados consideraron que el titular del Ejecutivo no acreditó interés jurídico para impugnar el consenso del INE.

Los recursos del PT y otros actores, como el priista Ulises Ruiz, se desecharon por improcedentes pues el ejercicio de consulta terminó inválido al no haber reunido el 40 por ciento de votos exigidos por la Constitución para realizarlo vinculante.

Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado mandatario del TEPJF y ponente en los casos, se refirió a los centenares de recursos de impugnación presentados a lo largo de el proceso de revocación, por lo cual la invalidez del proceso no significa impunidad frente a las denuncias presentadas.

Rememoró que todavía hay bastante más de 300 impugnaciones bajo análisis y la sentencia exige ofrecer vista a las autoridades electorales administrativas, penales y jurisdiccionales (INE, FGR y el propio TEPJF) para su averiguación y, en su caso, se apliquen las sanciones que corresponden.

Rodríguez Mondragón y sus pares se refirieron además a la “integridad electoral” del proceso de revocación.

Basado en ello se refirieron a las malas prácticas y violaciones a la Constitución que se brindaron en el proceso de revocación, ejercicio que, inclusive, ha sido calificado por la magistrada Janine Otálora Malassis como un “acto fallido de democracia”.

El magistrado mandatario se refirió a la tardía emisión de la Ley de Revocación, al recorte presupuestal que se logró para la organización del proceso y el intento de modificación de los criterios de propaganda del gobierno.

El plan habla además de apoyos fraudulentos para la ayuda de la consulta de revocación como uso de recursos públicos, el acarreo de votantes el día de la consulta y la propaganda indebida.

“Desde la óptica e totalidad electoral estas situaciones son un caso muestra de lo cual se sabe como malas prácticas”, comentó.

Afirmó que para asegurar que el ejercicio de revocación de precepto sea independiente, auténtico e entero, es imprescindible que todos los relacionados se comprometan con la protege del Estado de Derecho.

“El comportamiento de todos los componentes en todo el proceso tiene secuelas en la calidad democrática de la revocación de precepto, puesto que produce una más grande o menor legitimidad del ejercicio y sus resultados”, refirió.

A la vez, el magistrado Felipe de la Mata consideró grave la marcada reacción de diferentes actores políticos e individuos servidoras públicas de no obedecer las elecciones de la autoridad ni consumar el marco normativo.

Comentó que, más grave resulta que en 15 casos el INE manifestó el incumplimiento de las medidas impuestas frente a “la reacción contumaz” de los individuos servidoras públicas de hacer caso omiso a las sentencias.

“Advirtió que no se puede hacer Patria sin que primero se realice Justicia y para hacer justicia es necesario respetar las leyes más allá de su imperfección, más allá de que la sanción no conste expresamente en la norma”, señaló.

La magistrada Malassis manifestó que en la consulta de revocación “se corrompió” al transformarla en una consulta de ratificación y indicó que en ella resurgieron “figuras fraudulentas del pasado” contra las cuales, se pensaba, la democracia mexicana estaba blindada.

“Las irregularidades, de acreditarse, podrían ser la observación del debilitamiento de nuestras propias instituciones que ameritaría un enérgico denominado a todos los actores políticos a proteger las conquistas por las que ha luchado la ciudadanía en busca de un territorio democrático respetuoso de la ley”.

La magistrada Mónica Soto se pronunció a favor del desechamiento de las impugnaciones, sin embargo en contra del pronunciamiento de “integridad electoral”, puesto que comentó que éste refiere puntos que todavía permanecen en litigio electoral.

En el mismo sentido se presentó el magistrado José Luis Vargas quien, en comienzo, se pronunció contra el documento de la sesión, que sacó de la lista bastante más de 20 impugnaciones y después sobre el pronunciamiento de “integridad electoral”.

Tras reconocerse como oponente del “activismo judicial”, Vargas Valdez calificó de acelerada la elección de hacer un pronunciamiento de aquel tipo y preguntó cuál es la urgencia de calificar la consulta una vez que la Ley instituye como límite, una vez que se resuelvan cada una de las impugnaciones.

Criticó además el formato “progresista” de la sentencia, puesto que mencionó que no es un boletín de prensa, sino un reflejo puro de lo cual es el proceso judicial, aspiraciones, pruebas y alegatos de la parte contraria.

“De lo opuesto, con el pretexto de juzgar con una visión actualizada o progresista, tenemos la posibilidad de estar nosotros mismos cayendo en excesos que se traducen en incongruencias que están afectando el sistema de justicia”.

Mientras tanto que los magistrados Felipe Fuentes e Indalfer Infante se mencionaron, generalmente, a favor de los proyectos sin hacer alusión expresa a la “integridad electoral”.