Rectores universitarios, funcionarios y académicos plantearon la necesidad de que la nueva Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, pendiente de aprobación en el Legislativo, contemple una política de Estado que establezca recursos públicos crecientes para este sector.

Durante un conversatorio organizado este martes por la Red ECOs y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) del gobierno de la Ciudad de México los participantes abogaron también por una mayor inversión en ciencia por parte de la iniciativa privada y una participación fundamental de las instituciones de educación superior en los órganos de gobierno.

En su mensaje de bienvenida, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECTEI, hizo un reconocimiento a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) María Elena Álvarez-Buylla, por la promoción y la búsqueda de consensos mediante los foros a los que ha convocado para integrar la propuesta de nueva ley.

“La forma en la que esta institución ha acordado revisar la propuesta ha permitido la participación de los académicos; la idea es encontrar consensos y evitar diferencias”, dijo.

Un tema central es el financiamiento.  Al respecto, la doctora Ruiz Gutiérrez planteó que “no puede haber libertad de investigación si no hay recursos, aunque también tenemos que revisar la participación del sector privado. Ha sido un reto siempre para México y otros países que estén presentes estas inversiones en ciencia”.

En torno a la inclusión, Ruiz Gutiérrez resaltó que la ley debe contemplar la perspectiva de género y también incorporar a los jóvenes a la investigación. En otros países hay programas para que desde el bachillerato se detecte a la gente que pueda integrarse a esta actividad. Ahí están las becas de posgrado, de apoyo a mujeres, etc.

En su participación, Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, externó que el objetivo de este encuentro es reflexionar y encontrar las coincidencias sobre las políticas públicas relacionadas al desarrollo de la ciencia y las humanidades.

“Este conversatorio hay que verlo como una gran oportunidad para trabajar en forma coordinada para potenciar fortalezas, alcanzar aspiraciones, e influir propositivamente en la formulación de políticas públicas vinculadas al sector”, expresó.

Sin autonomía, recursos y apertura a nuevas ideas, las instituciones de educación superior no podrían consolidar sus logros y proyectos más importantes, indicó. “La pandemia demostró que la inversión en investigación, es un tema de seguridad nacional que debe atenderse con una visión y alientos de largo plazo” dijo el doctor Graue.

Por su parte, Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), señaló que ante estas crisis regionales, cambios vertiginosos y retos inherentes que enfrenta la sociedad en la aldea global, la ciencia, el desarrollo tecnológico, la innovación y las humanidades representan piedras angulares en la construcción de conocimiento, donde las instituciones de educación superior desempeñan un papel fundamental.

El rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñalosa Castro, dijo que es de gran relevancia reforzar la autonomía de las instituciones de educación superior, así como la libertad de investigación.

Debemos partir de esfuerzos de colaboración y sumarlos para lograr impactos significativos; hay que vincular estas tareas entre instituciones educativas e instancias públicas.

Alma Herrera Márquez, directora del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos (IESRC), expresó que a un año de enfrentar la Covid-19, es imperativo reflexionar acerca de la relación entre universidad y sociedad en su conjunto, así como del papel central que deben tener en la formulación de políticas públicas en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

En materia de financiamiento, Herrera Márquez reveló que, de acuerdo con un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2017, México invirtió 3,320 dólares por estudiante, en comparación con el promedio de 11,331 dólares del resto de los países integrantes de la organización.

Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, adujo que en muchos momentos las políticas públicas se han elaborado sin considerar las evidencias que aporta el conocimiento; a veces “hay una débil relación entre lo que logra la investigación y la política pública”.

Torres Hernández destacó que la gobernabilidad, el financiamiento y la inclusión son asuntos claves; es fundamental integrar la equidad de género en las políticas públicas de investigación, permitir el desarrollo progresivo para las investigadoras y evitar reproducir los estereotipos de género.

Enrique Fernández Fassnacht, director del Tecnológico Nacional de México, externó que las instituciones públicas de educación superior han desempeñado históricamente un papel fundamental en el desarrollo de las actividades humanísticas, científicas, tecnológicas y de innovación, porque en esos espacios académicos se realiza de forma más intensiva la generación de saberes en beneficio la sociedad mexicana.

En particular, instó a diseñar y desarrollar incentivos institucionales y gubernamentales que favorezcan la equidad y calidad en la formación de profesionales y científicos, así como en la generación de conocimiento. Tiene que haber voluntad política para construir una estrategia de Estado que genere programas de largo aliento.

El financiamiento debe ser suficiente y sostenido, pues difícilmente hay libertad plena de investigación si los proyectos no están maduros. Tiene que haber una revisión a fondo del modelo respectivo para generar un desarrollo armónico en la producción de conocimiento.

William Lee Alardín, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, expuso que para que las decisiones y las políticas públicas sirvan, deben ser desarrolladas de manera conjunta por los actores del gobierno y los especialistas de la comunidad académica.

Aunque desaparecieron los fideicomisos es esencial la creación de un esquema multianual que “brinque la transición de año fiscal para funcionar correctamente”.

José Ignacio Chapela Castañares, director general del Centro GEO, señaló que, si bien hay que insistir en la autonomía, las universidades están en condiciones de formular diagnósticos y propuestas que contribuyan al diseño de políticas públicas en la materia.

Sobre el financiamiento, indicó que, si bien estamos en un momento de transición, es necesario contar con mecanismos más ágiles donde las universidades, los centros de investigación y las instituciones públicas definan conjuntamente los proyectos en los que se va invertir.

Las propuestas expresadas en el encuentro se integrarán en un documento que será enviado a la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla; al subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro, a la ANUIES y al Congreso de la Unión.