El dictamen deja con incertidumbre a los inversionistas del sector energético y está lejos de combatir el comercio ilegal de gasolinas y diésel, de acuerdo con participantes y analistas consultados.

La reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada en la Cámara de Diputados deja con incertidumbre a los inversionistas del sector energético y está lejos de combatir el comercio ilegal de gasolinas y diésel, coincidieron participantes y analistas consultados.

La tarde del miércoles fue avalada en lo general con 292 a favor, 153 en contra y 11 abstenciones y la madrugada de este jueves en lo particular con 271 a favor, 134 en contra y 8 abstenciones, luego de que se presentaran y rechazaran 105 reservas o propuestas de modificación.

El dictamen fue avalado solo por la mayoría parlamentaria de Morena, PT y el PES, con el argumento de que la propuesta servirá fundamentalmente para combatir la corrupción, el saqueo y el abuso de empresas privadas.

En tanto, la oposición del PAN, PRI, MC y PRD insistieron en sus acusaciones de que las reformas solo buscan crear un monopolio en Pemex, que abren las puertas a la discrecionalidad, al abuso, al autoritarismo del gobierno y que se repetirán los amparos y controversias ante la Corte por ser contrarias a la Constitución, atentan contra la competencia económica y porque van a generar alzas de precios en los combustibles.

La unión más grande de gasolineros en el país, Onexpo, informó que ya estudian su defensa legal.

“Se analiza y valora entre otros, el aspecto relativo al alcance y los efectos de estas modificaciones y las medidas que cada unidad económica y la integridad del sector permiten”, declaró.

Otros participantes de ese sector adelantaron que se defenderán del artículo que busca condicionar la entrega y continuidad de permisos al tamaño de la infraestructura para almacenar hidrocarburos. A su vez, buscarán que la autoridad quede obligada a detallar las razones por las que niega un permiso, pues consideraron que en la reforma impera la discrecionalidad.

El dictamen aprobado será remitido al Senado los siguientes días. Si la votación es favorable, la reforma a la Ley de Hidrocarburos podría publicarse la próxima semana en el Diario Oficial de la Federación, estimaron fuentes cercanas al proceso.

Sin embargo, la iniciativa presidencial no va a resolver el comercio ilegal de ‘huachicol’, ni el tema del contrabando, ni las diferencias volumétricas cuando el combustible sale y entra para venderse, señaló Rocío Robles, experta en regulación energética.

“Lo único que va a dar es más incertidumbre y riesgo para los permisionarios. Unas 12 mil 800 gasolineras son de familias mexicanas. Hay muy poca inversión extranjera en instalaciones, están actuando en contra de las propias familias mexicanas”, destacó.

En este sentido, señaló que la reforma cae en el ámbito de lo “ocioso e inoperante” porque ya existen las facultades que otorga a la autoridad para combatir el huachicol.

“La posibilidad de suspender un permiso o revocarlo también ya existían. Los criterios de seguridad energética y de garantía de suministro no están descritos en la modificación, pero sí dejan abierta la posibilidad a la subjetividad del criterio de la Sener cuando se considera que está en riesgo la seguridad energética o el suministro”, advirtió la experta en entrevista.

Falta definir conceptos

Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), indicó que los cambios a la iniciativa incluidos de último momento por los diputados son solo cosméticos.

“El problema con esta iniciativa es elevar a nivel legal la política de almacenamiento. Es muy difícil que las empresas cumplan con esos criterios, pues México tiene muy baja capacidad de almacenamiento de petrolíferos”, dijo.

Sostuvo que es grave facultar al Estado para suspender las operaciones de las empresas cuando considere que atentan contra la seguridad nacional, energética o la economía nacional.

“¿A qué se refieren con estos conceptos? La forma en la que está redactada la iniciativa está en los términos más amplios posibles, lo cual permite a la Sener o a la CRE argumentar de muchas maneras que algo está afectando. Y ese es el problema, dejar a las empresas desde transportistas, almacenamiento, distribuidores y expendedores con una incertidumbre jurídica muy grande de que en cualquier momento pueden venir contra ellas sin dejar claro por qué”, comentó.

“Los conceptos son tan ambiguos y tan vagos que el mensaje que se envía es que el gobierno mexicano en cualquier momento puede cambiar las condiciones y deja a los inversionistas en un estado de incertidumbre jurídica muy grande”, agregó.

Dijo que es de esperarse que como sucedió con la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, al día siguiente de que se publique, se presenten juicios de amparos de empresas que se sientan afectadas.

Buscan limitar permisos

Marcial Díaz Ibarra, presidente de la Asociación de Reguladores del Sector Energético, destacó que no será suficiente el ‘addendum’ que enviaron los diputados para incorporar la garantía de audiencia a las empresas que sean suspendidas, con relación al artículo 59 Bis, que fue señalado por permitir una expropiación indirecta.

“Aún así, la incertidumbre jurídica persiste pues habrá un grado de discrecionalidad para llevar el acto jurídico como tal de la suspensión. Estoy seguro que si queda como vienen en este proyecto va a haber una judicialización por parte de los regulados”, reiteró.

Susana Cazorla, analista del sector, indicó que al artículo cuarto transitorio es preocupante porque en nada afecta que se otorguen permisos antes de iniciar operaciones.

“Es imposible cumplir con el almacenamiento cuando no pueden. La autoridad no está generando las condiciones para un piso parejo, sino todo lo contrario, está haciendo piedritas para que sea más fácil revocar permisos”, señaló.

Posiciones

La respuesta de Morena a la oposición la dio el diputado Pablo Gómez, quien les dijo en tribuna que “dicen que este proyecto afecta a la ciudadanía, pero la ciudadanía no conforma el grupo de propietarios de las gasolineras ni de otros negocios que se dedican al comercio de hidrocarburos”.

Les remarcó que no le teman a las reformas, porque solo afectarán a los corruptos. “Esta ley hará daño a los que la violan, a los tramposos, a los que dan litros que no son litros, a los que contrabandean hidrocarburos y a los que engañan al fisco. Esta ley es una pequeña parte de una lucha mucho mayor”, advirtió.

Su compañero de partido, el diputado Diego Eduardo Del Bosque Villarreal, agregó que la reforma “ayudará a recuperar la soberanía energética; la política energética neoliberal ha sido un auténtico pillaje y nos ha llevado al fracaso. Somos un país petrolero y a pesar de eso tenemos cifras alarmantes de importación de gasolina”, alertó.

En cambio, por el PAN, la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz consideró que el dictamen “sepulta todo intento y esfuerzo de tener un sector energético competitivo, sostenible, sustentable y la atracción de inversiones, y pone en grave riesgo a los pequeños y medianos empresarios que no cuentan con la capacidad de almacenamiento”.

El también panista Marco Antonio Adame Castillo mencionó que la iniciativa “genera incertidumbre jurídica, monopolios estatales, aumento de precios y ahuyentará las inversiones en el sector energético”.

“Hay que ordenar el sector, pero sin violentar la Constitución; hacerlo productivo y sustentable para que sea palanca de desarrollo”, dijo.

Desde el PRI, el diputado Fernando Galindo Favela expuso que la reforma “va en contra de la Constitución y afecta los derechos de empresarios mexicanos y de inversionistas internacionales que han apostado por el país; no hay duda que van a controvertirla ante la Suprema Corte, afectando considerablemente las finanzas públicas del país”.

La también priista Soraya Pérez Munguía, de Tabasco, indicó que el dictamen “es inconstitucional; busca expropiar los recursos e instalaciones de empresas privadas que participan en el mercado de hidrocarburos de manera desproporcionada; podría resultar en el incremento de los precios de los bienes y servicios ofrecidos, con impacto en el poder de compra de los consumidores, aumento de costos y pérdidas de competitividad de las empresas”.

Por el PT, el diputado Benjamín Robles Montoya planteó que el objetivo de la reforma es “poner orden en los permisos para realizar actividades de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; esto significa no más incumplimientos de los permisionarios, no más contrabando de hidrocarburos, no más litros de gasolina incompletos, no más máquinas despachadoras alteradas”.

El petista Gerardo Fernández Noroña señaló que lo que se busca con la reforma es poner orden en el mercado de hidrocarburos; “no se plantea otra cosa, no se echa para atrás una Reforma Energética que hizo un cambio al marco constitucional para desmantelar a Petróleos Mexicanos”.

De MC, el diputado José Eduardo Esquer Escobar reconoció que el espíritu del dictamen es loable; sin embargo, agregó, es más de lo mismo, es decir otra reforma populista que esconde su verdadero objetivo turbio que es, el de fortalecer al Ejecutivo.

Subrayó que votarán en contra porque “entendemos que es necesario garantizar el fortalecimiento de las empresas, pero no debe hacerse a costa de la violación de los derechos a terceros y en contra de la inversión, algo que tendrá efectos a corto plazo en la economía”.

Antonio Ortega Martínez, del PRD, dijo que su partido “deja claro que apoya los esfuerzos del Gobierno por combatir el contrabando de hidrocarburos y petrolíferos, pero “esta ley es inconstitucional, veremos de nueva cuenta saturados tribunales, juzgados y a la Corte con recursos de todo tipo para echarla abajo, y saben qué se caerá también. Esta ley está provocando más perjuicios que beneficios”.

A la propuesta del Ejecutivo -que contiene reformas a seis artículos de la Ley: 51, 53, 56, 57, 59 bis y el 86, y la inclusión de siete transitorios- los diputados modificaron el artículo 59 bis, en materia de permisos, para expresar que “la autoridad que lo haya expedido integrará y tramitará el expediente de suspensión del permiso, ´a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros y el interés del estado´”.

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